Un reto para el nuevo Gobierno: Efectividad de los programas sociales

La corriente liberal de mercado de la década de los 90, nos hizo entender que el incremento en la competitividad está acompañado de la reducción de la pobreza, lo cual significa que el Estado debe proveer las condiciones necesarias para que los peruanos excluidos por la extrema pobreza puedan alcanzar un nivel de vida digno.  Es así, que la existencia de los programas sociales forma parte de la ejecución de la política social del Estado, pero también, y no  menos importante, el acceso a los servicios de educación y de salud de calidad, lo cual tiene la finalidad de incentivar la productividad.

Sin embargo, durante los últimos 15 años, la permanencia de los programas sociales no ha revelado un verdadero avance en el alcance de las metas de largo plazo, como la de proveer a sus beneficiarios de los medios necesarios para procurarse un desarrollo sostenible que les permita desenvolverse como agente económico activo, y así echar a andar el mecanismo retributivo que permita ayudar a más personas sin que esto signifique mayor carga económica.

La eficacia de los programas sociales debe analizarse a partir del cumplimiento de los 3 ejes transversales establecidos por el Plan Nacional de Superación de la Pobreza:

1.Desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales.

2.Promoción de oportunidades y capacidades económicas.

3.Establecimiento de una red de protección social.

Los ejes mencionados responden a la necesidad de un cambio en la estrategia de la administración de los programas sociales a fin que desarrollen su naturaleza promotora de desarrollo humano promoviendo oportunidades de educación y empleo, restringiendo su carácter asistencialista las personas vulnerables en los ámbitos de nutrición, seguridad alimentaria, pensionario y salud materno infantil, entre otros.

Pero, ¿Cómo hacer que los programas funcionen?. ¿Éstos responden a la finalidad para la cual fueron creados, responden a su carácter temporal y de asistencia sólo a personas de extrema pobreza?.  Preguntas, que dada la coyuntura política de un gobierno en crisis, resultan difíciles de responder.

El gobierno de Ollanta Humala nos deja programas sociales como Juntos, Cuna Más, Pensión 65, Foncodes, Pronaa  y Beca 18, todos ellos dependientes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el mismo que cuenta con una Dirección General de Seguimiento y Evaluación de estos programas, en coordinación con la Dirección General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales.  El reporte de este seguimiento se encuentra en la página web del MIDIS, información que para acogerse al principio de Transparencia, requiere de una evaluación a cargo de una institución que transparente la data contenida en él. 

En ese sentido, en el año 2008, la Contraloría General de la República con el apoyo técnico y financiamiento de la Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, publicó el libro “PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERÚ. Elementos para una propuesta desde el Control Gubernamental” que plantea orientar la gestión de los programas sociales, desde la asignación ejecución y evaluación presupuestal, evaluar el impacto que produzcan en la población objetivo, medición, seguimiento y evaluación del desempeño del programa hasta promover mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo participativo.

Si bien es cierto, el índice de extrema pobreza se ha reducido, no es menos cierto que no han mejorado las condiciones de vida de las poblaciones en condición de vulnerabilidad por encontrarse en territorios alejados de los servicios básicos, o por habitar en lugares con condiciones climáticas adversas, en tanto los programas sociales son necesarios, pero no pueden ser parte de la moda electoral, sino que, en el plazo más corto posible,  deben cumplir el objetivo de dar paso a políticas de gestión estatal que promuevan la incorporación de los beneficiarios a la PEA, por lo que incorporar a la Contraloría en la evaluación del impacto y desempeño, es una alternativa que puede ayudar a conseguir dicho objetivo.  Definitivamente, uno de los retos más difíciles del nuevo gobierno.