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Sanciones efectivas bajo la propuesta de un regimen penitenciario moderno


Hablar de sanción efectiva, ante la ola delincuencial que azota el país, es pensar de pronto que la solución debe ser una sanción definitiva y radical como la pena de muerte y con ello replantearnos su existencia.

El cuestionamiento que se ha puesto en el tapete en los últimos años resulta ser: “¿debe respetarse el derecho a la vida de aquél sujeto que no tiene reparos en quitar a vida a otros de manera recurrente?”. Más aún encontrándonos que la sociedad peruana ha incrementado sus niveles de violencia alarmantemente en los últimos años reportándose cifras superiores a los 2000 homicidios por año[1] y que en muchos casos la pena privativa de libertad y  carcelería no cumple el fin resocializador para el cual fue planteado sino por el contrario resulta ser el centro de desarrollo de nuevas modalidades delictivas para delincuentes que generan un alto riesgo a la población.

Y acá, la necesidad de equilibrio que debe encontrar el Estado peruano. Por un lado, nuestros gobernantes en su deber con la sociedad, tienen como obligación prioritaria protegerla y velar por el buen desempeño de sus instituciones a favor de ella. En este contexto, han existido sugerencias diversas que se efectúe una consulta popular a fin de obtener la aceptación por parte de la ciudadanía de la aplicación de la pena de muerte, con la subsiguiente propuesta legislativa de modificación de normas penales, la reforma constitucional y considerando que su aplicación sería para casos específicos como la máxima sanción otorgada que conlleva el rol ejemplarizador y preventivo que realmente exige la sociedad.

Y por otro lado, en la misma medida; el Estado debe velar por el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos: al derecho a la vida, y a los derechos humanos de todo ciudadano. Por lo cual repensar en una posibilidad de pena de muerte es casi imposible; además, se debe recordar que como Estado Peruano, hemos suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en 1978 que prohíbe por cualquier motivo la aplicación de esta sanción; y con ello nuestra limitante en el ámbito jurídico internacional.

Ante esta dificultad, urge desarrollar un nuevo modelo que sea eficaz y que no se contraponga a la legislación vigente, modelo pensado también en las necesidades actuales de un país como el nuestro en el cual son dos factores que deben considerarse para desarrollarlos: generar la sensación de seguridad efectiva en la población y sancionar conductas con un fin ejemplarizador y preventivo.

Y en este contexto podemos tomar propuestas presentadas de manera aislada por sectores políticos y sociales; logrando converger en una posibilidad no muy lejana de implementarse. Contamos con la Isla San Lorenzo y el Frontón, áreas que brindan las características necesarias para implementar un centro penitenciario moderno que permita desarrollarse actividades productivas, que contemple la prestación de trabajo como pena efectiva, que cuente con mayores ambientes y espacios en contraste con la hacinación actual en que se encuentran algunos de estos centros de reclusión; pero que adicionalmente permita implementar medidas de seguridad propias y modernas como por ejemplo: mecanismos de seguridad preventiva antimotines, sistema de monitoreo por drones, sistema de bloqueo de líneas celulares comerciales, desarrollo de núcleos productores, entre otras.

Asimismo, tomando modelos aplicados en el mundo, podría implementarse que estos centros desarrollados en estos lugares como los propuestos cuenten con energía hidráulica y paneles solares que potencializa su infraestructura y reduce sus costos constituyéndose en un modelo de institución de Estado moderno, económico y efectivo; posible de replicarse en otras instituciones del Estado.

La visión de modernidad y seguridad para un país como el nuestro es un reto que se debe asumir a corto plazo por nuestras autoridades; son muchas las tareas en esta materia y es exigencia de la sociedad que se dé el primer paso cuanto antes.


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[1] Cifra recogida a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI


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