Las dudas y las deudas de la campaña 2016

Foto: Peru21

Terminó la campaña por un puesto en el Congreso de la República y la gran competencia para obtener el principal cargo público: la Presidencia. Fue una batalla despiadada. Se presentaron alrededor de 20 candidatos, salvo el caso de Miguel Hilario, con sus respectivas listas congresales. En el camino, renunciaron algunos que vieron como lejanas sus posibilidades de acceder al sillón presidencial. El entonces candidato con mayor proyección, Julio Guzmán, salió de la competencia por un tema de trámites. Esto ocasionó el primer grito de ¡Fraude! César Acuña, de gran presencia en el norte del país (no olvidar quién recogió esos votos), fue descalificado por ir en contra de la Ley electoral. Los sobrevivientes se encerraron en un ataque que iba desde la acusación de no aceptar un pan con chicharrón hasta las de terroristas; de enfermo con carácter terminal a narcoestado. Mentiras, ayudas memorias, insultos, subjetividades, conjeturas de todos los tipos. En los próximos meses debemos deslindar las injurias para concentrarnos en aclarar las acusaciones que implican posibles delincuentes. Será fundamental, para que las futuras elecciones alejen a los fantasmas del narcotráfico y del terrorismo, el que se instale el principio de probidad en la política nacional.

EL CASO ACUÑA

Si bien no es un delito el plagio de diversas ideas en sus libros publicados y tesis presentadas y aprobadas en distintas universidades del Perú y del mundo, sí debemos entender que si estos grados académicos se han obtenido bajo el plagio de ideas, entonces el excongresista y exalcalde César Acuña es un candidato falaz. Un personaje que realmente no es quien dice que es y, por lo tanto, no es lo que sus propios electores han elegido. Sin duda, la vergüenza política debería convertirlo en un impresentable.

LOS CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR

Son cinco congresistas los que son investigados por, en la mayoría de casos, lavado de activos. Se inicia este tipo de investigación porque hay indicios de enriquecimiento sin un causa clara o lógica. En caso estas investigaciones logren demostrar los delitos de los congresistas, deberíamos entender que los filtros para la elección de los candidatos de la fuerza naranja son, cuando menos, displicentes. Inaceptable que algo de este tipo vuelva a suceder en un partido. Poco es suspender a un congresista; nada es que este sea reemplazado por otro de su misma agrupación: los partidos cuyos miembros son hallados culpables de delitos de este tipo, vinculados con el narcotráfico, con violaciones a derechos humanos, con manipulación a la información, deberían recibir una sanción ejemplar. Solo si se es exigente con los partidos políticos se podrá fortalecer la Democracia.

EL CASO VIZCARRA

Nada menos que el vicepresidente de la República ha recibido la acusación de apropiación de terrenos durante su gestión como gobernador regional. El vicepresidente asegura que ninguna de esas acusaciones llegaron a juicio. Sin embargo, bajo la intención de la transparencia y de recuperar el honor de las instituciones se deberían facilitar los expedientes para que la opinión pública pueda observar el proceso y verificar que fue en justicia el que no procedieran los juicios y no por otros motivos que, lamentablemente, la historia nos coloca sobre la mesa.

LOS IMPRESCINDIBLES

Fuerza popular perdió las elecciones —que tenían como segura— en los últimos diez días. Sin duda, el apoyo de Verónica Mendoza, probablemente la política más importantes de los últimos años, fue crucial; pero el factor más sólido fue el enorme cuestionamiento que se realizó al círculo más cercano de la candidata presidencial. Una de las estrategias de PPK fue relacionar la inseguridad que se vive en las calles con el narcotráfico; por ello, el caso Ramírez ensombreció la candidatura fujimorista, hecho que impactó en los indecisos. La situación es muy compleja. No ha sido expulsado del partido, lo cual lleva a pensar que la institución lo avala. Si resulta culpable dentro de la investigación que se lleva a cabo, el partido naranja tendría que aceptar que su principal financista es el narcotráfico, que utilizó bienes del narcotráfico y que, si no hubiese perdido las elecciones por voluntad popular, le hubiese cedido poder político e institucional al narcotráfico. Y si expulsa a Ramírez, aceptaría todo lo dicho anteriormente, además de ­—si queremos pensar ingenuamente— que su sistema de filtros y supervisión es una coladera que podría permitir que otro Ramírez, gracias a su partido, llegue al poder. Oh, es cierto, el hermano del investigado ya está en el Congreso. Del mismo modo, el descubrimiento de la manipulación del audio Chlimper trajo al presente toda la historia que el partido naranja quería que el pueblo olvide. Para nadie es un misterio la manipulación que la dictadura de Fujimori estableció sobre los medios de comunicación y que Chlimper fue uno de sus ministros oscuros, pues aceptó el poder en el momento en el que el cuestionamiento a Alberto Fujimori lo llevó a fugar y dimitir del modo que ya todos conocemos.

Aún hay muchos temas que se deben investigar como los financiamientos millonarios del partido de Acuña como los famosos eventos del fujimorismo, así también el de Julio Guzmán. Sin duda, también se debe responder por las relaciones entre quienes dirigen al JNE y al JEE con financistas de los partidos políticos, la responsabilidad de La Ventanilla Única en la aprobación de los candidatos propuestos y la Ley de partidos políticos que debe ser revisada en el primer semestre del próximo gobierno; así también las acusaciones de fraude que, por muy mínimas que hayan sido, no significan que no lo sean.

El fortalecimiento de la Democracia pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos y esto tiene como condición que la conformación de los mismos y sus actividades sean transparentes, públicas y alejadas de cualquier indicio de delito. Para integrar el principio de probidad en la política se requieren normas firmes para sancionar a los partidos políticos que arriesgan la estabilidad de nuestro país. Los próximos cinco años deben tener como meta, además de las pragmáticas, el fortalecimiento institucional de la Democracia, más allá del simple cumplimento de la Ley, requiere la honorabilidad de sus protagonistas.