El tráfico de influencias en la administración pública

El tráfico de influencias es una de las acciones ilícitas que se han posicionado en las últimas décadas como práctica usual de muchos ciudadanos, que encuentran en esta actividad la forma de interceder por terceros a través de amistades, vinculaciones o contactos que se desempeñan como funcionarios o servidores públicos del Estado; y de quienes dependa una decisión favorable para el particular.

En este sentido y según lo recoge el Código Penal en su artículo 400°, esta forma de actuar es considerado un delito; pero más aún, y en calidad de agravante, que quién interceda tenga también la calidad de funcionario o servidor público.

En este último supuesto, hemos sido testigos de diversos casos que nos han presentado los medios de comunicación de funcionarios haciendo promesas de resultados favorables de procesos administrativos. Muchos de éstos han sido sancionados conforme las normas lo estipulan administrativa y penalmente; y por parte de la ciudadanía en general también un justo castigo moral al ser expuestos y recordados como funcionarios o servidores corruptos.

Pero el derecho, no puede ser ciego y sólo reprimir la conducta de una de las partes actuantes de la relación necesaria para que se configure el delito. La pregunta entonces es: ¿qué sucede con aquel sujeto “interesado” que aceptó la promesa efectuada y que dirigió sus acciones a la espera del resultado favorable prometido?, ¿no debería haber denunciado este hecho oportunamente?, ¿No es cómplice en este delito y merece una sanción?

La legislación penal no se manifiesta taxativamente ante esta situación; sin embargo, a través de jurisprudencias por caso de corrupción de los últimos años, se ha podido determinar que es posible encontrar responsable como partícipe del delito al sujeto interesado en que se lleve a cabo el delito en mención y no continuar ser considerado como sujeto engañado y victimizarse su participación pasiva.

Debo agregar; que el delito de tráfico de influencias es un tema vigente y a la vez pendiente de ser analizado y difundido con mayor detalle; con ello protegemos los derechos de cada uno de los ciudadanos y a la vez exigimos que el cargo otorgado por un país a sus representantes en el lugar que les haya tocado asumir, sea ejercido con la mayor integridad posible para tener una Administración Pública transparente y eficiente para todos.