Acceso universal y renovables

El acceso universal a la energía se enmarca en los compromisos recientemente contraídos por el Perú al refrendar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente el Objetivo 7:” Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. El Perú se encuentra en una situación en desventaja, dentro del entorno latinoamericano, impropia de su desarrollo económico y de sus aspiraciones como país. Por ejemplo, es el país del continente, tras Haití, con mayor población sin acceso a la electricidad. La meta que como país se debe proponer Perú es conseguir el acceso universal, al menos a nivel básico, en el 2021, para el bicentenario. Esto es posible y deseable si se asume un cambio de ritmo y de estrategia, utilizando prioritariamente tecnologías renovables. Se deben concentrar la mayoría de los esfuerzos en energizar las zonas rurales con nuevos modelos de provisión de servicios energéticos que garanticen la sostenibilidad y la asequibilidad a la población de menores ingresos.

Para conseguir el objetivo de acceso energético universal se proponen las siguientes medidas:

-        Los datos claros. Generar una base de datos fiable y abierta centrada en la identificación geo referenciada de la demanda no servida a nivel de vivienda, y con reglas claras de cuantificación. Con esto evitamos que los datos globales enmascaren la situación y se facilita información fidedigna a todos los actores sociales, y para la medición del progreso. Planificar de forma integrada. Con los datos de demanda no servida el MEM, como ente rector de la política energética, debe analizar las diferentes modalidades y tecnologías para servir esa demanda en base al costo a lo largo del proyecto de la unidad de energía. Con este y otros criterios se debe decidir con que modalidad y tecnología se debe satisfacer la demanda no servida. Esta información en todas sus fases debe ser accesible en soporte informático para cualquier ciudadano o entidad interesada.

-        Gobernanza energética. Actitud más abierta e implicada en las soluciones y el diálogo de las Administraciones Públicas con el sector privado (empresas y ONGs).Mientras que en la LGER está clara la contribución del sector privado correspondiendo al sector público una posición subsidiaria, la realidad ha ido llevando a que el sector público monopolice algunas actividades que no tendría por qué. Es necesario que el sector público se implique en la búsqueda de escenarios de colaboración con el sector privado más allá de los meros planteamientos de inversión. Figuras como las alianzas público privadas (APP) y las obras por impuestos, basadas en un diálogo franco y en la transparencia y consecución de resultados, compartiendo riesgos, y los Bonos de Impacto Social  (BIS) pueden ser herramientas adecuadas para la colaboración del sector privado.

-        Transversalidad de la Energía. En esta etapa de energización rural, los aspectos sociales tienen más peso que los propiamente técnicos. La implicación de la energía en los temas de educación, salud, agua, producción, vivienda, etc. no sólo son consecuencia, sino que se debe buscar la implantación de planes transversales para conseguir mayor impacto en la lucha contra la pobreza. También creemos que separar la ejecución de los planes en una agencia autónoma de energización rural conectada con otras administraciones sectoriales y focalizada en los resultados puede ayudar a cumplir más eficiente y eficazmente el objetivo de acceso universal.  Así en el MEM residiría la función de planificación y definición de la política de energización rural, en la Agencia de Energización Rural la coordinación y ejecución del Plan de Energización Rural y en Osinergmin las funciones de regulación y fiscalización.

Para conseguir el objetivo de acceso universal a nivel básico en el 2021, hay que focalizarse en energizar las comunidades rurales aisladas. Para ello se propone la creación de una Agencia de Energización Rural (AER) donde se concentren todas las funciones y los programas de energización ahora dispersos y que se le dote de recursos y autonomía con el mandato de conseguir sus objetivos. Y como forma de conseguirlo se propone la promoción y apoyo al desarrollo de proveedores energéticos rurales, que pegados al terreno y con un modelo de negocio adaptado a las características de las comunidades rurales aisladas, sean capaces de proveer de forma sostenible y asequible los servicios energéticos a estas comunidades, y ser un polo de desarrollo rural.  

El costo de la implantación de este objetivo es del orden de 1.200 millones de USD, o sea 240 millones anuales, monto inferior al presupuesto de ingresos de FISE y al presupuesto de la DGER.